El gobernador Martín Llaryora informó que se sometió a un narcotest, el examen toxicológico que su gestión estableció como requisito obligatorio para funcionarios de la administración pública provincial.
Según explicó, se trata de un análisis de laboratorio destinado a detectar metabolitos de sustancias psicotrópicas ilegales en el organismo. La medida apunta a asegurar que quienes ejercen responsabilidades de gobierno no mantengan relación con el consumo de drogas.
En ese marco, sostuvo que existe un deber ético e institucional de dar garantías concretas a la sociedad. “Quienes ejercemos responsabilidades de gobierno no podemos mantener ningún tipo de vínculo con estas sustancias”, expresó.
Además, remarcó que la decisión forma parte de una política más amplia de lucha contra el narcotráfico en la provincia. En ese sentido, afirmó que Córdoba mantiene una postura firme frente a estas problemáticas y que el control a los funcionarios es parte de ese enfoque.
El narcotest se incorporó como una herramienta dentro de la gestión para reforzar estándares de transparencia y control en el ámbito público.