Desde 2019, la Guardia Nacionaldetectó restos humanos calcinados en Teuchitlán, Jalisco. A pesar de ello, la corrupción permitió que el CJNG siguiera operando sin consecuencias.
En marzo de 2025, un campo de exterminio clandestino fue descubierto en este municipio, generando indignación en el país.
En un rancho de aproximadamente 10,000 m², se encontraron hornos crematorios clandestinos, fosas con restos humanos calcinados y cientos de objetos personales. Este hallazgo sugiere un número indeterminado de víctimas. Aunque el sitio fue cateado en 2024, las autoridades no detectaron las instalaciones de exterminio.
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Documentos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan un hecho alarmante. Desde agosto de 2019, la Guardia Nacional encontró cuerpos incinerados y zapatos regados en la misma zona.
Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revela que, en 2020, el CJNG intentó sobornar a las fuerzas de seguridad. Su objetivo era evitar operativos en la región.
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Un hallazgo que las autoridades ignoraron durante años
El Rancho Izaguirre, también conocido como La Estanzuela, ya había sido intervenido en septiembre de 2024 durante un operativo de la Guardia Nacional. En esa ocasión, se detuvo a 10 presuntos criminales y se rescataron a dos personas secuestradas. Sin embargo, en ese cateo se ignoraron evidencias clave que demostraban que el sitio funcionaba como centro de exterminio.
El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco recibió una llamada anónima. La denuncia alertaba sobre la posible presencia de restos humanos en el rancho.
Tras una búsqueda meticulosa, descubrieron tres hornos crematorios clandestinos y una gran cantidad de objetos personales, entre ellos:
- Calzado de hombres y mujeres (tenis, botas, sandalias).
- Prendas de vestir masculinas y femeninas.
- Carteras y billeteras con identificaciones.
- Artículos de aseo personal y maletas con pertenencias.
- Cargadores de armas y medicamentos.
- Cartas de despedida y listas con apodos.
Hasta mediados de marzo, se habían recolectado más de 500 evidencias, lo que confirma la sistematicidad del horror perpetrado en este sitio.
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Coda: Teuchitlán, cuando la alianza entre el Gobierno y el Narco llegan demasaido lejos
Los hallazgos de la Guardia Nacional en 2019, revelados por MCCI, confirman la corrupción en este caso. La omisión permitió que los crímenes continuaran impunemente.
Un informe interno de la Sedena confirma que, en 2020, un enviado del CJNG intentó sobornar a las fuerzas de seguridad para frenar los operativos en la región.
«Lo único que ellos (los criminales) piden es que los dejen trabajar».
Las autoridades supuestamente rechazaron el soborno, pero los hechos demuestran que la estructura criminal siguió operando sin obstáculos. Esta omisión, combinada con la negligencia del cateo de 2024, demuestra la falta de voluntad para erradicar el problema.
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Indignación y protestas en todo el país
El hallazgo de este campo de exterminio ha generado indignación nacional, llevando a miles de personas a manifestarse en distintas ciudades de México. El 15 de marzo, colectivos de familiares de desaparecidos realizaron vigilias en varias ciudades: Guadalajara, Ciudad de México, Oaxaca y Ciudad Juárez. Encendieron velas y colocaron cientos de pares de zapatos en plazas públicas como símbolo de las víctimas del rancho Izaguirre.
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En la Plaza de Armas de Guadalajara, manifestantes colgaron zapatos en una red frente al Palacio de Gobierno, exigiendo justicia. En el Zócalo de la Ciudad de México, se llevó a cabo una vigilia con velas y pancartas. Los asistentes exigieron que este caso no quede impune, como ha ocurrido con miles de desapariciones en el país.
Un caso que expone la crisis de desapariciones en México
El caso de Teuchitlán es un reflejo de la crisis de desapariciones en México. Entre 2018 y 2025, más de 15,400 personas han sido reportadas como desaparecidas en Jalisco, siendo la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios como Lagos de Moreno los más afectados.
La evidencia recopilada en el Rancho Izaguirre no solo demuestra la sistematicidad del terror del CJNG, sino también la complicidad del Estado al no haber intervenido con contundencia. La Guardia Nacional supo de los cuerpos calcinados desde 2019, pero no actuó con la debida diligencia. Esto evidencia un encubrimiento institucional.
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